El proyecto busca crear un Registro Único de Vándalos e Incivilidades para sancionar a quienes cometan delitos o faltas que afecten espacios públicos, transporte, monumentos, bienes comunitarios y la convivencia ciudadana.
El Gobierno ingresó una nueva señal en materia de seguridad y orden público con el proyecto que crea el Registro Único de Vándalos e Incivilidades, iniciativa que apunta a establecer sanciones adicionales contra personas condenadas o sancionadas por hechos de vandalismo, daños al espacio público o conductas que alteren la convivencia ciudadana.
La propuesta fue anunciada durante la Cuenta Pública 2026 y posteriormente firmada por el Presidente José Antonio Kast. Según la información difundida por el Ejecutivo, el registro permitiría que quienes cometan este tipo de conductas enfrenten consecuencias como la pérdida o restricción de beneficios estatales, entre ellos la gratuidad en educación superior, la Pensión Garantizada Universal, subsidios de arriendo y otros apoyos sociales.
¿Qué conductas quedarían incluidas?
Entre los hechos que podrían llevar a una persona a ingresar al registro se mencionan delitos como atentados contra Carabineros, ataques a personal de salud, daño a monumentos nacionales, retención del transporte público, tráfico de drogas y destrucción de bienes públicos. También se contemplan incivilidades como rayados sin autorización, consumo de drogas o alcohol en la vía pública, venta ilegal de alcohol y destrucción de equipamiento comunitario.
La iniciativa distingue entre delitos y faltas. En el caso de las faltas o incivilidades, la sanción podría ser menor que en los delitos más graves, pero igualmente tendría efectos en el acceso a beneficios estatales, siempre que la conducta sea acreditada por la autoridad competente.
Beneficios que podrían perderse
De acuerdo con los antecedentes conocidos, quienes ingresen al Registro Único de Vándalos e Incivilidades podrían enfrentar restricciones para acceder o mantener beneficios como la gratuidad, la PGU, subsidios habitacionales, becas de posgrado y otros instrumentos de apoyo estatal. También se ha informado que el proyecto podría incluir impedimentos vinculados a trámites como licencia de conducir, pasaporte, inscripción de vehículos o transferencia de propiedades.
El objetivo declarado del Ejecutivo es que quienes dañen infraestructura pública, afecten monumentos o alteren la vida comunitaria respondan no solo con multas o sanciones penales, sino también con consecuencias administrativas frente al Estado.
Proyecto deberá pasar por el Congreso
Pese al anuncio, la llamada “Ley de Vándalos” todavía no está vigente como ley aprobada. Al tratarse de una materia legal, la propuesta debe ser discutida y votada por el Congreso Nacional antes de convertirse en norma aplicable.
El debate legislativo se anticipa intenso, ya que la medida abre una discusión sobre seguridad, orden público, proporcionalidad de las sanciones, protección de beneficios sociales y eventuales límites constitucionales. Mientras el Gobierno defiende el proyecto como una herramienta para recuperar espacios públicos y frenar la impunidad, sectores críticos advierten que la pérdida de beneficios debe ser regulada con precisión para evitar castigos desproporcionados.
Una señal política en materia de orden público
La propuesta se instala en medio de una agenda de seguridad marcada por el combate al crimen organizado, el control de barrios críticos y el fortalecimiento de las policías. Para La Moneda, el vandalismo y las incivilidades no son hechos menores, sino conductas que deterioran barrios, afectan a vecinos y dañan infraestructura financiada con recursos públicos.
De aprobarse, el Registro Único de Vándalos e Incivilidades se transformaría en una nueva herramienta del Estado para identificar a personas sancionadas por este tipo de hechos y limitar su acceso a ciertos beneficios. Sin embargo, su alcance definitivo dependerá del texto final que avance en el Congreso y de las indicaciones que puedan presentar parlamentarios durante la tramitación.
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