Descubre por qué la norma del gobierno de Gabriel Boric para restringir despidos de empleados públicos es vista como poco ética. Análisis profundo con ejemplos claros, críticas de oposición y implicancias fiscales en Chile 2025. ¡Lee más!
En diciembre de 2025, el gobierno saliente del Presidente Gabriel Boric impulsó una norma altamente controvertida dentro del proyecto de reajuste salarial para el sector público. Esta medida busca restringir los despidos de empleados estatales sin una justificación objetiva y verificable, afectando principalmente a los funcionarios “a contrata”. La oposición, liderada por el Presidente electo José Antonio Kast, la ha calificado como un “amarre” poco ético diseñado para proteger a operadores políticos y complicar la gestión del nuevo gobierno.
¿Por qué esta norma es considerada poco ética por amplios sectores de la sociedad chilena? Este reportaje ofrece un análisis profundo y detallado, con enfoque crítico en los aspectos morales cuestionables: clientelismo político, abuso de poder en una transición democrática, falta de transparencia fiscal y perpetuación de ineficiencias pagadas con recursos públicos.
El sector público chileno alcanzó en 2025 más de 1.070.000 empleados, consumiendo aproximadamente el 20% del presupuesto nacional (cerca de 17.000 millones de dólares anuales). La expansión bajo el gobierno de Boric ha sido justificada como necesaria para reformas sociales, pero también ha sido señalada como un mecanismo para colocar militantes y activistas cercanos a la izquierda. La nueva norma afecta potencialmente a 380.000 funcionarios “a contrata”, obligando al próximo gobierno a justificar cualquier no renovación con criterios objetivos, lo que abre la puerta a reclamos legales masivos y costos millonarios en indemnizaciones.
A lo largo de este reportaje de aproximadamente 3.000 palabras exploraremos el trasfondo histórico, los detalles técnicos de la norma, las principales críticas éticas, ejemplos concretos que permiten distinguir prácticas éticas de las no éticas, las implicancias fiscales y sociales, y una conclusión que invita a reflexionar sobre la responsabilidad en la administración pública chilena.
Trasfondo Histórico del Empleo Público en Chile: De la Precaridad al Clientelismo Moderno
El empleo público en Chile ha estado marcado por ciclos de expansión, precarización y reformas parciales. Durante la dictadura militar (1973-1990) se aplicó un modelo neoliberal que redujo drásticamente el tamaño del Estado, privatizando servicios esenciales y promoviendo contratos precarios. Tras el retorno a la democracia, los gobiernos de la Concertación intentaron profesionalizar el sector con la creación del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) en 2003, buscando meritocracia en los cargos directivos.
Sin embargo, la estructura sigue dividida en tres grandes categorías: empleados de planta (con estabilidad casi absoluta), a contrata (contratos renovables anualmente, que representan cerca del 60% del total) y honorarios (por servicios específicos). Los funcionarios “a contrata” han sido históricamente los más vulnerables: cada cambio de gobierno ha implicado miles de no renovaciones, muchas veces justificadas por “pérdida de confianza” o necesidades de reestructuración.
Ejemplo histórico clave: al asumir Sebastián Piñera en 2010, se despidieron más de 11.000 funcionarios públicos, principalmente “a contrata”, sin necesidad de justificar causas específicas. Sindicatos y la izquierda de entonces criticaron esa práctica como abuso discrecional y revanchismo político.
Gabriel Boric asumió en marzo de 2022 con la promesa de construir un Estado más presente y protector tras el estallido social de 2019. Durante su mandato se aumentó el salario mínimo, se redujo la jornada laboral a 40 horas, se fortalecieron los sindicatos públicos y se expandió significativamente la planta estatal. El crecimiento del empleo público superó el 11% en cuatro años, lo que la oposición ha calificado como un mecanismo de clientelismo: contrataciones masivas basadas en afinidad ideológica más que en mérito o necesidad real.
En este contexto, la norma impulsada en diciembre de 2025 aparece como un intento de “blindar” a esos funcionarios contratados durante el gobierno de Boric, justo cuando la ciudadanía eligió un cambio de rumbo con José Antonio Kast. Este timing genera profundas dudas éticas sobre las verdaderas intenciones detrás de la medida.
Detalles Técnicos de la Norma Controvertida en el Reajuste Salarial 2026
La norma forma parte del proyecto de ley de reajuste del sector público para 2026, presentado el 18 de diciembre de 2025 tras negociaciones con 16 gremios y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). El proyecto incluye un reajuste salarial del 3,4%, bonos adicionales y otros beneficios, pero el artículo más polémico es el que modifica las reglas de término de contratos “a contrata”.
Los puntos clave son:
- Obligación de justificación fundada: La no renovación de un contrato “a contrata” debe realizarse mediante un acto administrativo motivado con criterios objetivos y verificables (desempeño, necesidades del servicio, etc.).
- Reclamos administrativos y judiciales: Funcionarios con al menos dos años de servicio continuo podrán impugnar la no renovación ante la Contraloría General de la República o los tribunales si consideran que falta fundamentación.
- Reducción del umbral: Anteriormente se requerían cinco años para generar cierta “expectativa legítima”; la nueva norma baja ese umbral a solo dos años.
- Alcance amplio: Afecta a subsecretarías, servicios públicos, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades. Se estima que protege potencialmente a 380.000 empleados (294.000 en gobierno central y 85.000 en municipios).
- Regulación de asesores: Limita cantidad, remuneración y causales de término para asesores directos de autoridades políticas.
El gobierno argumentó que la medida solo busca “garantías laborales” para funcionarios de carrera y no afecta cargos de exclusiva confianza (aproximadamente 3.000). Sin embargo, la oposición y expertos jurídicos señalan que la norma contradice jurisprudencia consolidada de la Contraloría y la Corte Suprema, que han rechazado la idea de estabilidad indefinida en contratos temporales. Además, el Ministerio de Hacienda no entregó estimaciones completas de costos fiscales, lo que aumenta las sospechas de opacidad.
Aspectos Poco Éticos: Clientelismo, Abuso de Poder y Falta de Transparencia
La crítica ética central es que la norma no protege derechos laborales legítimos, sino que blinda a operadores políticos contratados durante el gobierno de Boric. Los principales aspectos cuestionables son:
- Clientelismo político institucionalizado Numerosos analistas y parlamentarios de oposición han denunciado que miles de contrataciones bajo Boric respondieron a criterios de lealtad partidaria más que a mérito. La norma asegura que esos funcionarios puedan permanecer indefinidamente, convirtiendo al Estado en una agencia de empleo permanente para militantes y activistas de izquierda.
- Abuso de poder en plena transición democrática Aprobar una medida de este calibre en los últimos días de mandato, sabiendo que la ciudadanía eligió un gobierno de signo opuesto, rompe códigos básicos de alternancia en democracia. Es percibido como un intento deliberado de obstaculizar la gestión del Presidente electo Kast, quien prometió reducir el tamaño del Estado para lograr mayor eficiencia fiscal.
- Opacidad y falta de responsabilidad fiscal El gobierno no presentó cálculos completos sobre el costo de posibles indemnizaciones masivas ni del impacto en el déficit fiscal. Expertos estiman que solo las indemnizaciones podrían superar los 500 millones de dólares si el nuevo gobierno intenta reestructurar servicios.
- Manipulación del marco jurídico Al reducir drásticamente los umbrales para reclamos y exigir justificaciones que antes no eran necesarias, la norma altera jurisprudencia consolidada para beneficio de un sector específico, lo que constituye un uso partidista del poder legislativo.
- Perpetuación de la ineficiencia pública Al dificultar la remoción de funcionarios con bajo desempeño, se incentiva la permanencia por encima del mérito, afectando la calidad de los servicios públicos que pagan todos los chilenos.
Estos elementos configuran un cuadro de conducta poco ética que prioriza intereses partidistas sobre el bien común y la confianza democrática.
Ejemplos Concretos para Distinguir Prácticas Éticas de las Poco Éticas
Para que cualquier ciudadano pueda identificar claramente la diferencia, presentamos ejemplos prácticos basados en casos reales e hipotéticos:
Ejemplo 1 – Despido ético por bajo desempeño Un funcionario “a contrata” en un servicio de salud acumula evaluaciones negativas recurrentes: ausencias injustificadas, errores graves en atención de pacientes documentados. El nuevo gobierno decide no renovar su contrato con informe técnico detallado. → Práctica ética: se basa en evidencia objetiva y busca mejorar la calidad del servicio público.
Ejemplo 2 – Protección poco ética de operador político Un activista de Apruebo Dignidad es contratado en 2023 como asesor en un ministerio, utilizando parte de su jornada para actividades partidarias (casos documentados en varios ministerios durante el gobierno de Boric). La norma le permite reclamar si no se renueva su contrato, alegando falta de justificación, aun cuando su cargo era claramente político. → Práctica poco ética: se protege la lealtad política por encima del uso eficiente de recursos públicos.
Ejemplo 3 – Reestructuración necesaria vs. blindaje partidista El nuevo gobierno identifica duplicidad de funciones en un programa social creado durante la administración Boric, con evidencia presupuestaria de sobrecontratación. Intenta eliminar 500 puestos redundantes, pero la norma obliga a procesos individuales largos y costosos. → Si la reestructuración está técnicamente justificada: práctica ética. → Si la norma se usa para impedir cualquier ajuste: práctica poco ética, pues prioriza la permanencia de militantes sobre la racionalidad fiscal.
Ejemplo 4 – Cargo de confianza disfrazado Históricamente, los gobiernos han contratado asesores políticos como “a contrata” para luego intentar estabilizarlos. La nueva norma facilita esa estabilización al bajar el umbral de reclamo a solo dos años. → Práctica ética: remover cargos de confianza al cambiar el gobierno. → Práctica poco ética: usar la norma para “eternizar” a esos asesores contra la voluntad popular expresada en las urnas.
Estos ejemplos muestran una diferencia clara: lo ético se basa en mérito, evidencia y bien común; lo poco ético se fundamenta en lealtad partidaria y preservación de poder.
Implicancias Fiscales, Sociales y Políticas para Chile 2025-2030
Fiscales: La rigidez laboral generada puede sumar miles de millones de pesos en indemnizaciones y salarios innecesarios, agravando el déficit fiscal en un contexto de bajo crecimiento económico y desempleo persistente (8,5% en 2025).
Sociales: Aunque protege a algunos trabajadores vulnerables (muchas mujeres y personas de regiones), perpetúa desigualdades al favorecer a una élite política conectada, erosionando la confianza ciudadana en las instituciones.
Políticas: Tensiona gravemente la transición de poder. José Antonio Kast ha anunciado que buscará modificar o derogar la norma, lo que podría derivar en un conflicto institucional prolongado. Expertos como Bettina Horst (LyD) advierten que este tipo de “amarres” genera rigidez estructural que afecta el crecimiento a largo plazo.
Un Llamado Urgente a la Ética Pública en Chile
La norma impulsada por el gobierno de Gabriel Boric para restringir despidos en el sector público no es una simple defensa de derechos laborales: es percibida por amplios sectores como un acto poco ético de clientelismo, abuso de poder y opacidad fiscal. Los ejemplos presentados permiten distinguir claramente entre prácticas basadas en mérito y aquellas motivadas por intereses partidistas.
En un Chile polarizado que acaba de elegir un cambio de rumbo, medidas como esta profundizan la desconfianza ciudadana y dificultan la gobernabilidad. Es necesario recuperar códigos éticos básicos: el poder temporal no debe usarse para obstaculizar al gobierno elegido por la mayoría, ni para perpetuar redes clientelares pagadas con impuestos de todos los chilenos.
La verdadera modernización del Estado pasa por meritocracia, transparencia y responsabilidad fiscal, no por blindajes de último minuto. Solo así recuperaremos la confianza en nuestras instituciones democráticas.
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