🔥 Megaincendio en la Región de Valparaíso 2024
🧾 Contexto de la fiscalización
La Contraloría General de la República (CGR) —órgano fiscalizador independiente del Estado chileno— publicó una serie de informes de auditoría sobre los recursos públicos ejecutados en la emergencia del megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso y Viña del Mar en febrero de 2024.
Esta fiscalización no solo se centró en una institución, sino que abarcó municipalidades, la Delegación Presidencial Regional y servicios del Estado, con especial atención a la trazabilidad y legalidad del gasto de los recursos públicos durante la emergencia y la reconstrucción.
🔍 Hallazgos principales de Contraloría
💰 1. Millonarias irregularidades en el uso de recursos
La Contraloría detectó más de $1.800 millones en recursos públicos usados de forma irregular en distintas instituciones involucradas en la gestión post-incendio.
Entre estas irregularidades se incluyeron:
- Pagos no acreditados por más de $586 millones en la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso.
- Gastos improcedentes, como compras sin certificación y bienes donados que no se justificaron, en la Municipalidad de Quilpué.
- Deficiencias en la rendición de cuentas y trazabilidad en la Municipalidad de Viña del Mar, incluyendo ingresos, donaciones y entregas de beneficios a damnificados.
🧱 2. Sobreprecios y pagos sin respaldo
La auditoría también reveló fallas serias en procesos de contratación y supervisión, como:
- Pagos indebidos de más de $782 millones por demoliciones sin respaldo o con sobreprecios en el sector El Olivar.
- Deficiencias en contrataciones de servicios y maquinaria, con presuntos sobreprecios y uso injustificado del trato directo.
Estos hallazgos no solo constituyen irregularidades administrativas, sino que, en varios casos, pudieron constituir conductas que ameritan acciones penales o civiles, por lo que los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para su evaluación.
📊 3. Sumarios administrativos y requerimientos
La Contraloría ordenó a los organismos involucrados:
- Iniciar sumarios administrativos para determinar responsabilidades internas.
- Regularizar procesos de entrega y control de recursos.
Esto incluye incluso la solicitud formal de expedientes para que la Contraloría, la Fiscalía o el CDE puedan avanzar en acciones legales si corresponde.
Una de las reacciones más prominentes ha sido la de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA), que defendió la gestión de la emergencia:
- Argumentó que, frente a la magnitud de la catástrofe y la “urgencia de ayudar a los damnificados”, no era posible aplicar procedimientos burocráticos estrictos en un primer momento.
- Sostuvo que muchas personas no tenían documentos porque estos se habían quemado, lo que complicó la trazabilidad de la entrega de ayudas.
No obstante, las auditorías objetan que justificaciones de urgencia no eliminan la obligación de transparentar, acreditar y rendir cuentas correctamente cuando se trata de fondos públicos.
Por su parte, otras autoridades involucradas también han sido emplazadas a transparentar y corregir los mecanismos administrativos y de control interno.
📌 ¿Qué representa esto para la política chilena?
Este caso ha generado:
- Debate sobre la responsabilidad en el uso de recursos públicos en emergencias.
- Presión para mejorar los sistemas de control y trazabilidad de la ayuda en catástrofes.
- Fiscalizaciones adicionales a nivel central y municipal.
Contraloría actúa como garante de la probidad y legalidad, y este tipo de informes —además de sus efectos administrativos— pueden tener consecuencias políticas, legales y de confianza ciudadana si determinan responsabilidades concretas o derivan en sanciones.
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