Los programas sociales que no despegan: promesas incumplidas y baja cobertura
El gobierno ha lanzado múltiples programas sociales con promesas de progreso, equidad y contención social. Pero detrás de los anuncios algunos casos revelan una cruda realidad: recursos públicos que no cumplen sus objetivos, transferencias con deficiencias o irregularidades, y cuantiosas sumas de dinero mal gastadas que podrían haber sido destinadas a cubrir necesidades básicas. En este reportaje analizamos casos emblemáticos, cifras fiscales y mecanismos institucionales que permiten este despilfarro.
1. Contexto histórico y presupuestario
1.1 Evolución de la política social en Chile
Desde el retorno a la democracia, los gobiernos han visto en los programas sociales una herramienta clave de legitimación política y de mitigación de desigualdades. Pero a la par del aumento presupuestario han crecido las complejidades de gestión, la dispersión institucional y los mecanismos de control débiles.
Lo que en los años 90 y 2000 era un sistema más compacto de subsidios y transferencias ha evolucionado hacia un catálogo amplio de beneficios, apoyos sectoriales, programas focalizados y convenios con actores intermedios. Esa sofisticación trae beneficios, pero también mayores riesgos de fuga de recursos, duplicidades e ineficiencias.
1.2 Presupuestos sociales vs eficacia real
Que el gobierno asigne más recursos al ámbito social no garantiza resultados proporcionales. Muchas veces, el crecimiento presupuestario se ve coartado por subejecución, trámites burocráticos o rigidez en la administración regional.
El Informe de Contraloría 2024–2025 mostró que entre abril de 2024 y marzo de 2025, en 792 auditorías al aparato estatal, se observaron irregularidades por $1.505.707.732.640 (más de mil quinientos millones de pesos chilenos). Emol+3La Tercera+3Hacienda+3
Estas observaciones no son meramente contables: revelan déficits en gastos improcedentes, pagos duplicados, beneficiarios no elegibles y falta de respaldo documental. Hacienda+2BioBioChile+2
En el desglose publicado por Hacienda, los gastos observados incluyeron “errores contables, garantías vencidas, conciliaciones bancarias desactualizadas” entre otros. Hacienda+1
Además, gran parte del monto objetado fue responsabilidad de Gobiernos Regionales (GORE) con $303.056 millones y del Ministerio de Vivienda (MINVU) con más de $12 mil millones en recursos cuestionados. BioBioChile+3Ex-Ante+3La Tercera+3
Estos datos muestran que los problemas no provienen solo de entidades menores, sino que involucran niveles intermedios con atribuciones de manejo territorial.
2. Casos emblemáticos de dinero mal gastado en programas sociales
Aquí algunos ejemplos concretos donde recursos públicos destinados a fines sociales o públicos fueron administrados con fallas, irregularidades o uso cuestionable.
2.1 Caso Convenios / Fondaciones privadas
El llamado Caso Convenios (también conocido como Caso Fundaciones) es uno de los escándalos más relevantes de los últimos años. Consiste en el traspaso de fondos públicos mediante convenios directos a fundaciones privadas, muchas de las cuales presentan vínculos políticos o cuestionamientos de operación. uria.com+5El País+5uria.com+5
- En algunos reportes oficiales se estima que los fondos malversados o mal asignados podrían alcanzar $14 mil millones de pesos chilenos como cifra inicial. istrlac.org+3es.wikipedia.org+3El País+3
- En otros análisis más recientes la cifra investigada crece a $90 mil millones por convenios sospechosos en múltiples regiones. es.wikipedia.org+2uria.com+2
- La Fundación ProCultura, vinculada al escándalo, durante años celebró una gran cantidad de convenios con el Estado. Entre 2010 y 2023 se le adjudicaron alrededor de 67 convenios por aproximadamente $4.200 millones y luego un incremento marcado a partir de 2022. uria.com+3Cámara+3uria.com+3
- En investigaciones públicas, se ha demostrado que algunos de esos convenios financiaban actividades con poca supervisión, pagos a personas allegadas, gastos de propaganda o servicios con baja trazabilidad. uria.com+2El País+2
Un caso particular: una auditoría al GORE del Biobío detectó que 10 % de los fondos de un convenio con fundación creada por ex autoridad fue destinado al “sueldo de la directora del programa”. CIPER Chile
Estos escenarios demuestran cómo fondos con objetivos sociales pueden desviarse cuando la rendición de cuentas y la fiscalización son débiles o fragmentadas.
2.2 Irregularidades en municipalidades: COMDES de Calama
Una muestra más cercana a los servicios públicos locales:
La Contraloría detectó que la COMDES de Calama (Corporación Municipal de Desarrollo Social) efectuó gastos improcedentes por $162.587.530 con recursos destinados a atención primaria de salud, incluyendo celebraciones y cenas que no tenían relación directa con el objetivo social. El Mostrador
Se abrió un sumario y los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público por posibles delitos. El Mostrador
Este tipo de casos evidencia que incluso en programas muy básicos, el uso del dinero no siempre responde a las prioridades sociales, sino a criterios administrativos o políticos locales.
2.3 Licencias médicas fraudulentas y viajes al extranjero
Aunque no es un programa social tradicional, el Caso Licencias Médicas ilustra bien cómo se pueden usar beneficios para fines indebidos:
- Entre 2023 y 2024, alrededor de 25.000 funcionarios públicos realizaron viajes al extranjero mientras se mantenían en licencia médica, cobrando su remuneración íntegra con recursos públicos. es.wikipedia.org+2PanAm Post+2
- Las instituciones más afectadas incluyen Junji (Educación parvularia) y Fundación Integra, entidades fuertemente asociadas a políticas sociales de cuidado infantil. es.wikipedia.org
- Este caso generó renuncias en cargos públicos, sumarios administrativos y una exigencia de mayores atribuciones para la Contraloría. es.wikipedia.org+1
El monto involucrado no siempre se mide claramente, pero la prácticas apuntan a un uso indebido de un beneficio social (licencia médica) con impacto presupuestario real.
3. Mecanismos institucionales que permiten el despilfarro
Para entender por qué estas irregularidades suceden sistemáticamente, conviene analizar las debilidades estructurales del sistema.
3.1 Diseño de programas con metas débiles o genéricas
Muchos programas sociales no tienen indicadores claros de resultado, no sitúan metas regionales ni fijan plazos exigibles. Esto dificulta que los recursos se enfoquen hacia resultados y permite desviaciones sin sanción clara.
La evaluación independiente de la oferta programática (por ejemplo, el estudio de Ideapais) muestra que numerosos programas carecen de mecanismos efectivos de evaluación comparativa entre regiones.
3.2 Contratos con entidades intermedias bajo criterios débiles
El uso de convenios con fundaciones u ONG permite tercerizar funciones del Estado. Esto no es malo en sí mismo, pero cuando los criterios de selección son débiles, cuando la supervisión es mínima y cuando las fundaciones están vinculadas política o institucionalmente, aumenta el riesgo de malversación.
Los casos del Caso Convenios / ProCultura son paradigma de esta práctica, pues los contratos se fragmentaban para evadir toma de razón, y muchas fundaciones recibían fondos sin transparencia adecuada. uria.com+2El País+2
3.3 Control fiscal débil y tardío
Que la Contraloría descubra irregularidades no significa que los recursos ya no fueron gastados. Muchas observaciones son a posteriori y, aun cuando se objetan, la recuperación puede ser parcial o inexistente.
Además, los informes muchas veces no son vinculantes o no generan acciones correctivas efectivas sobre los responsables.
3.4 Fragmentación territorial y desigual capacidad regional
Algunas municipalidades o gobiernos regionales tienen menos capacidad técnica, menos recursos humanos y procesos administrativos menos robustos. Esto favorece que los recursos no lleguen bien, que existan demoras o que se cometan errores que no se corrigen.
Cuando la fiscalización central es excesivamente rígida, también puede ocurrir que municipios de zonas extremas o aisladas no reciban apoyo para cumplir con requisitos administrativos, lo que lleva a subutilización de fondos.
3.5 Falta de interoperabilidad y datos obsoletos
Los sistemas sociales (por ejemplo, el Registro Social de Hogares) no siempre están actualizados o vinculados con otros registros. Esto genera errores, exclusión involuntaria o beneficiarios no elegibles siendo incluidos por fallas en la depuración de datos.
4. Impacto social y político del despilfarro
4.1 Erosión de la confianza pública
Cuando ciudadanos ven que los programas no funcionan o que hay escándalos de financiamiento, la percepción es clara: el Estado no entrega lo que promete. Esto alimenta el desencanto, la apatía cívica o la alternativa de discursos más extremos.
4.2 Oportunidad perdida en equidad social
Los recursos mal gastados podrían haber sido destinados a ampliar cobertura, mejorar infraestructura social (salud, educación, vivienda), fortalecer redes de apoyo o mejorar servicios en comunas rezagadas. El costo humano de la ineficiencia social se traduce en necesidades no satisfechas.
4.3 Ventaja política para oposición y desgaste para el gobierno
Estos casos permiten a partidos de oposición criticar la gestión pública con fundamentos técnicos y mediáticos sólidos. Para el gobierno, cada escándalo puede traducirse en pérdida de legitimidad, presión institucional y desgaste político.
5. Recomendaciones para mejorar la gestión social pública
Para que los programas sociales efectivamente cumplan su propósito y eviten el desperdicio de recursos, se requieren reformas estructurales:
- Metas claras, medibles y vinculantes, con indicadores de resultado regionalizados y mecanismos de sanción ante incumplimientos.
- Selección rigurosa de entidades colaboradoras, con licitaciones abiertas, criterios transparentes, supervisión continua y auditoría externa.
- Fortalecimiento de fiscalización preventiva, no solo correctiva: controles internos más eficaces, trazabilidad de los fondos, uso de tecnología en monitoreo.
- Mejora institucional regional y local, con capacitación técnica, recursos operativos y apoyo central para zonas con menos capacidades.
- Interoperabilidad de sistemas sociales y bases de datos actualizadas, evitando errores de elegibilidad o duplicidad de beneficiarios.
- Publicación de datos abiertos y mapas regionales de cobertura, para que la ciudadanía y las organizaciones sociales puedan fiscalizar.
- Participación ciudadana y evaluación externa independiente, involucrando beneficiarios y organizaciones civiles en el diseño y ajuste de programas.
6. Conclusión
Los programas sociales del Estado chileno poseen un enorme potencial transformador. Pero ese potencial está siendo limitado por una gestión que muchas veces no aterriza en eficiencia ni responsabilidad. Cuando recursos públicos se usan mal —ya sea por convenios poco transparentes, gastos improcedentes o licencias fraudulentas— el costo real es para la sociedad: en oportunidades perdidas, servicios que no mejoran y credibilidad erosionada.
El desafío para este gobierno —y los que vengan— es cerrar la brecha entre la intención política y la ejecución técnica. Y para medios como CongresosSinFiltro.cl, el rol es seguir visibilizando estos casos y exigir que los fondos sociales se usen con rigor, transparencia y responsabilidad.